Especialistas de la UNLP analizaron los posibles impactos de una modificación de la normativa sobre la protección de glaciares y recursos hídricos.
En Argentina existen casi diecisiete mil glaciares y millones de personas dependen, de manera directa o indirecta, de los recursos hídricos asociados a estos ecosistemas. En ese contexto, especialistas advirtieron sobre los posibles efectos que podría generar una reforma de la Ley de Glaciares, especialmente en relación con las áreas periglaciares y el avance de actividades extractivas.
En el programa Objetivo universidad, emitido por UNLP TV, María Inés Botana y Edgardo Salaverry, docentes e investigadores del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP e investigadores del CONICET, analizaron los alcances y riesgos que, según su perspectiva, podría implicar una modificación de la normativa.
Botana explicó que los glaciares constituyen una fuente clave para el estudio de la memoria climática, ya que permiten analizar procesos vinculados con la variabilidad térmica y el cambio climático.
Por su parte, Salaverry señaló que más del 70 % del territorio argentino forma parte de la denominada diagonal árida y remarcó la importancia estratégica de los glaciares como reserva de agua. En ese sentido, explicó que durante los períodos de sequía el deshielo contribuye al caudal de los ríos y al abastecimiento de agua dulce.
Respecto de la posible reforma, los especialistas sostuvieron que una flexibilización de la protección sobre glaciares y zonas periglaciares podría favorecer el desarrollo de proyectos vinculados con actividades extractivas de gran escala. También señalaron que existen tensiones entre distintos intereses provinciales y los modelos de aprovechamiento del territorio.
Según indicaron, entre las posibles consecuencias se encuentran una mayor presión sobre el recurso hídrico y el deterioro de ecosistemas sensibles. Salaverry destacó además que sectores como la producción agropecuaria dependen significativamente de la disponibilidad de agua.
Finalmente, Botana recordó que la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, sancionada en 2010, establece mecanismos de preservación para estos ambientes y sostuvo que algunos aspectos de la reforma generan cuestionamientos desde el punto de vista jurídico.
Ambos investigadores destacaron el compromiso de distintos actores sociales en torno al debate ambiental y coincidieron en la necesidad de fortalecer el acceso a la información y la educación como herramientas para promover una participación ciudadana activa.
“El Estado debe velar por el recurso agua”, concluyó Botana.
Cintia Pessano (Estudiante FPyCS – UNLP / Programa de prácticas en el portal Medio UNLP)
Mira la nota completa en el siguiente enlace:
