El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
En Crudo despertar, programa emitido por Radio Universidad FM 107.5, Juan Enrique, licenciado en Economía, contador público y director de Sigma Global S.A., analizó las inconsistencias señaladas en la declaración jurada de Manuel Adorni y explicó cuáles podrían ser las implicancias de las investigaciones judiciales que involucran al funcionario. Durante la entrevista, remarcó que la Justicia deberá verificar el origen y la trazabilidad de los bienes y fondos declarados.
En ese contexto, Adorni volvió a responder a las denuncias y cuestionamientos vinculados a su patrimonio durante una entrevista concedida a La Nación. Allí defendió su actuación frente a las investigaciones en curso y sostuvo que el crecimiento de sus bienes comenzó antes de su ingreso a la función pública.
Respecto de una vivienda ubicada en La Plata, explicó que la propiedad fue heredada tras el fallecimiento de su padre. Además, aseguró que junto a su hermano encontraron dinero perteneciente a su progenitor, que posteriormente fue incorporado a la sucesión familiar. En cuanto a un inmueble ubicado en Indio Cuá, afirmó que se encontraba escriturado a nombre de su esposa y que había sido debidamente declarado en las presentaciones patrimoniales correspondientes.
Durante la entrevista con Radio Universidad, Enrique explicó que la denominada Ley de Inocencia Fiscal (27.799), aprobada en diciembre de 2025, “permite que todos, inclusive los políticamente expuestos, puedan evitar multas aplicadas por ARCA”. Sin embargo, aclaró que esa normativa no impide la intervención de la Oficina Anticorrupción ni la aplicación de eventuales sanciones por parte de ese organismo.
Asimismo, sostuvo que “el juez va a tomar la trazabilidad de lo que dijo sobre el pendrive y los bitcoins”. La referencia apunta a declaraciones del funcionario, quien aseguró haber encontrado un dispositivo con criptomonedas valuadas en alrededor de 800.000 dólares y haber contado con aproximadamente 500.000 dólares antes de asumir funciones públicas. Según el economista, la Justicia deberá determinar el origen y recorrido de esos fondos.
Actualmente, Adorni está vinculado a dos causas judiciales: una por presunto enriquecimiento ilícito y otra por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Hasta el momento, ambas investigaciones continúan en trámite y no existe una condena firme.
Las causas se desarrollan en un contexto de creciente debate público sobre la transparencia patrimonial de los funcionarios y los mecanismos de control del Estado, temas que han cobrado relevancia en la agenda política nacional durante los últimos meses.
Por: Gonzalo Vicente (Estudiante FPyCs-UNLP / Programa de prácticas en el portal Medios UNLP)
Escuchá la entrevista completa en el siguiente enlace:
