Mendoza, una provincia semidesértica donde el agua es un bien escaso y vital, se convirtió en símbolo nacional de resistencia frente al avance de la megaminería
Desde mediados de los 2000, asambleas ciudadanas lograron frenar proyectos como San Jorge o Cerro Amarillo y en 2007 impulsaron la sanción de la Ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como cianuro o ácido sulfúrico en la minería metalífera. Esa norma, considerada una de las leyes ambientales más importantes del país, fue defendida masivamente en la “Rebelión del Agua” de 2019, cuando las movilizaciones sociales forzaron la derogación de una reforma que buscaba flexibilizarla.Hoy el debate vuelve a encenderse con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado a nivel nacional. Ambientalistas y comunidades advierten que este esquema repite el modelo de los años 90, favorece a las multinacionales y amenaza la soberanía provincial sobre sus recursos hídricos. En un territorio donde el agua define la vida, la agricultura y el turismo, la defensa de la 7722 sigue siendo bandera de democracia participativa y de un ambientalismo que se planta frente a los intereses extractivos.
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