El fallo obliga al Gobierno nacional a actualizar salarios, garantizar las becas y ejecutar las partidas presupuestarias previstas.
La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por el Gobierno nacional y confirmó la aplicación de los artículos de la Ley Universitaria —aprobada en octubre de 2025— vinculados al financiamiento de los salarios docentes y no docentes, así como al presupuesto destinado a las becas estudiantiles.
La decisión obliga al Poder Ejecutivo a regularizar las transferencias y actualizar las partidas previstas por la norma. El fallo se conoce en un contexto de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de restricciones presupuestarias que afectaron el funcionamiento de las universidades nacionales durante los últimos meses.
En diálogo con, por AM 1390 Radio Universidad, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) y secretario adjunto de la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Octavio Miloni, sostuvo que solicitarán una convocatoria urgente a paritarias para actualizar los salarios.
El dirigente gremial afirmó que esa instancia de negociación no formaba parte de la agenda del Poder Ejecutivo y consideró que el avance fue posible gracias a las medidas de fuerza impulsadas por los gremios y al respaldo de distintos sectores de la sociedad.
“Desde los sindicatos hemos llamado a la reflexión a todos los sectores. Hay que exigirle a este gobierno el cumplimiento efectivo de la ley y tener a la negociación colectiva como la herramienta fundamental para la recuperación salarial”, expresó Miloni.
Por otra parte, un sector del sindicalismo universitario decidió no firmar el acuerdo salarial presentado por el Gobierno el 11 de junio, que contemplaba una recomposición cercana al 25%, un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de 50 mil millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano. Los gremios que rechazaron la propuesta sostuvieron que era preferible esperar la resolución de la Corte Suprema. Sin embargo, Miloni defendió el acuerdo alcanzado al considerar que la vía judicial no garantizaba una aplicación inmediata de las mejoras.
De cara a la nueva etapa abierta tras el fallo, los representantes sindicales mantendrán reuniones con los rectores y con la Federación Universitaria Argentina (FUA) para definir la continuidad de las acciones. Entre las alternativas que analizarán figuran la presentación de reclamos y denuncias por los perjuicios económicos ocasionados a docentes y trabajadores durante el período en que la ley no fue aplicada.
Por: Martina Canga (Estudiante FPyCS-UNLP / Programa de prácticas en el portal Medios UNLP)
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