La diputada nacional, analizó las razones por las cuales se impulsó el dictamen para declarar la emergencia por violencia de género contra mujeres y diversidades.
La legisladora por la provincia de Córdoba, Gabriela Estévez, de Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, dialogó con el programa Crudo despertar de Radio Universidad UNLP FM 107.5 sobre la reunión en la que se dictaminó por mayoría la declaración de la emergencia por violencia de género contra mujeres y diversidades.
Durante la entrevista, Estévez denunció una desarticulación sin precedentes en la asistencia estatal vinculada a las políticas de género. Explicó que se está “recortando el 90% del presupuesto en todo lo que tiene que ver con políticas de género”, lo que incluye una reducción del 45% en la planta de trabajadores de la Línea 144, encargada de recibir denuncias por situaciones de violencia.
Asimismo, cuestionó el desmantelamiento del Programa Acompañar, que permitía a las víctimas alcanzar independencia económica mediante una prestación equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, además de un acompañamiento integral con profesionales especializados.
La diputada también criticó el deterioro de los mecanismos de formación y prevención, como la Ley Micaela y la Educación Sexual Integral (ESI). Señaló que la primera sufrió una “limpieza conceptual” que elimina la perspectiva de género de las capacitaciones, mientras que la ESI quedó desfinanciada por el Estado nacional y su implementación fue delegada a criterio de las provincias.
En ese sentido, sostuvo que estas políticas deben dejar de ser tratadas como asuntos del ámbito privado y reconocerse como un “problema social estructural” que requiere una respuesta integral y obligatoria.
En un plano más confrontativo, Estévez también se refirió a las declaraciones de la ministra de Seguridad tras el femicidio de la joven cordobesa Agostina. Consideró que a la funcionaria le falta formación con perspectiva de género para evitar pronunciar “las barbaridades que dice” y reclamó una reforma feminista del Poder Judicial.
Por último, llamó a reflexionar sobre la sobrecarga que enfrentan las mujeres y advirtió que, sin redes de contención, las infancias quedan expuestas a situaciones de vulnerabilidad y al avance del narcomenudeo. Definió este dictamen como un “grito de hartazgo” frente a la violencia ejercida por el Estado, la Justicia y el modelo económico actual.
“Vamos a pelear de manera solidaria, acompañándonos y cuidándonos, porque también creemos que cuidar es algo profundamente político”.
Por: Castro Josefina (Estudiante FPyCs / Programa de prácticas en el portal Medios UNLP)
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