Se sentenció por decreto pese a que existe una medida cautelar previa que lo prohíbe.
El gobierno nacional dictaminó que Agua y Saneamiento Argentino (AySA) puede cortar el suministro por falta de pagos en partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 805/25. Claudio Boada, Director de la Unión de Usuarios y Consumidores pasó por Vamos Viendo, programa de Radio Universidad (AM 1390), para explicar los detalles de esta medida.
Boada contó que el contenido de este decreto ya había intentado imponerse el 21 de julio de este año bajo el DNU 493/25 y tenía como objetivo no solo suspender el servicio a los morosos, sino también reducir la presión de agua y de mantenimiento cloacal. El director de la Unión de Usuarios y Consumidores dijo que “el agua es un derecho universal” y que, por problemas técnicos de AySA, “restringir el servicio en muchos barrios significa dejarlos sin agua”.
Debido a esto, la Unión de Usuarios y Consumidores junto a Usuarios Libres presentaron en julio una medida cautelar en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns. La Jueza dio la razón a las organizaciones civiles y suspendió el corte de suministro por 6 meses. Pese a esto, el gobierno nacional volvió a insistir con el nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia.
Boada estableció que volverán a presentar la medida cautelar ya que los argumentos de ambas partes son los mismos que hace 5 meses: “Nuestro objetivo desde la organización es mantener la cautelar durante la vigencia del juicio, declarar inconstitucional y nulo ese párrafo”. De esta manera, la nueva presentación anularía el decreto 805/25.
Cabe aclarar que este DNU dispone el corte del suministro a quienes posean una mora mínima de 60 días, para los usuarios residenciales, y de 15 para los usuarios no residenciales. A su vez, estas medidas se llevan a cabo en un marco de privatizaciones que el Gobierno busca efectivizar debido a que AySA es una de las empresas que el gobierno declaró sujeta a privatización.
En este sentido Boada declaró que el decreto del gobierno “afecta a la privatización de forma indirecta porque una forma de mostrarle una ventaja a quienes quieran invertir es decirles ‘quien no paga, no tiene agua'”.
Por: Facundo Matheu (Estudiante FPyCS-UNLP / Programa de prácticas en el portal Medios UNLP).
Escuchá la nota completa en el siguiente enlace:
