Un informe del CEPA estimó pérdidas fiscales por USD 1.069 millones hacia 2030.
Así lo señaló la economista Jennifer Stefan, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al analizar el informe elaborado por el organismo sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
En Crudo despertar, programa emitido por Radio Universidad FM 107.5, fue entrevistada la economista y analista del CEPA, Jennifer Stefan, a raíz del informe publicado por el organismo sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según el estudio, el costo fiscal para la Argentina, en un escenario base, rondaría los USD 1.069 millones hacia 2030.
El RIGI fue creado mediante la Ley Bases N.º 27.742 y contempla beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para proyectos superiores a los USD 200 millones. De acuerdo con datos presentados por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, los proyectos aprobados representan una inversión comprometida de USD 26.680 millones, vinculada a sectores como energía renovable, hidrocarburos, gas natural licuado, minería, siderurgia e infraestructura portuaria.
Stefan analizó el impacto fiscal del régimen en un contexto de caída de la recaudación y ajuste del gasto público. “El Gobierno condona impuestos mientras no se recomponen salarios docentes y universitarios, hay emergencia en salud y no se aumenta el bono a los jubilados”, afirmó.
Además, señaló que siete de los doce proyectos incluidos en el RIGI ya habían sido anunciados previamente, por lo que consideró que no necesitaban de estos beneficios para concretarse.
La economista también advirtió sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas. Según indicó, en el último período cerraron unas 24 mil pymes afectadas por la apertura importadora, el aumento de costos y la caída del consumo. “El 95% de las empresas que cerraron fueron pequeñas, micro y medianas empresas”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó que los beneficios del régimen estén dirigidos únicamente a grandes proyectos “sin encadenamiento productivo” y remarcó que “el 80% de los argentinos perciben menos de 800 mil pesos de sueldo”.
Por último, Stefan aseguró que en este contexto económico “se perdieron casi 300 mil empleos entre el sector público y el privado”, y explicó que los proyectos incluidos en el RIGI no generan una gran demanda de mano de obra.
Desde la mesa de Crudo despertar recordaron además que uno de los argumentos del Gobierno nacional para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario es la falta de recursos fiscales, mientras que el informe del CEPA estima un costo millonario asociado a los beneficios otorgados por el RIGI.
Por: Ramiro J. Ciampa Dolárd (Estudiante de FP-CS – UNLP/ Programa de prácticas en el portal Medios UNLP).
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