El arzobispo de La Plata señaló que la medida deja sin empleo a 300 trabajadores y afecta procesos de urbanización en todo el país.
El arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara, cuestionó el cierre operativo de la Subsecretaría de Integración Sociourbana (SISU), una decisión que —según advirtió— deja sin empleo a 300 trabajadores y paraliza obras de urbanización en barrios populares de todo el país.
En diálogo con Radio Universidad, Carrara se refirió a la declaración pública difundida por Cáritas y remarcó que la política de integración socio urbana tiene antecedentes en 2016, con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), un relevamiento impulsado junto a organizaciones sociales.
“El registro permitió identificar primero 4.416 villas y barrios populares, cifra que luego se amplió a más de 6.400 en la actualización incorporada a la ley prorrogada en 2022. Allí viven más de cinco millones de personas, entre ellas dos millones de niñas, niños y adolescentes”, explicó.
El arzobispo recordó que la normativa —sancionada originalmente en 2018 y renovada cuatro años después— contemplaba la entrega de un certificado de vivienda familiar para reconocer la residencia en esos barrios y habilitar procesos de urbanización. Entre ellos, obras de infraestructura básica como acceso seguro a la electricidad, agua potable y cloacas, además de escuelas, espacios comunitarios y mejoras viales.
También destacó que la ley establecía que al menos el 25 por ciento de la mano de obra de las obras debía provenir de vecinos y vecinas de los propios barrios, quienes recibían capacitación para desempeñar esas tareas. “Fue una política muy grande e inédita en muchos aspectos”, señaló.
Respecto de la situación en la región, Carrara indicó que el RENABAP registra 262 barrios populares y que, según datos de la Universidad Católica de La Plata, allí viven unas 250 mil personas. “La Provincia y el Municipio hacen esfuerzos, pero la tracción de una política nacional es decisiva”, afirmó.
Consultado sobre posibles irregularidades en la administración de fondos, el titular de Cáritas descartó denuncias concretas. “En algún momento se dijo que había desmanejos para justificar el cambio de un fondo específico, pero quien estaba a cargo de la Secretaría en ese momento reconoció que no encontró corrupción”, sostuvo.
Carrara también advirtió sobre la paralización de obras públicas que ya se encontraban en ejecución. Mencionó, entre otros ejemplos, programas de mejoramiento habitacional que permitían ampliar viviendas en contextos de hacinamiento. “Hay muchas obras que, aunque parezcan sencillas, son decisivas. Sin buscar demasiado, uno se encuentra con proyectos que estaban avanzados y hoy están detenidos”, expresó.
Finalmente, el arzobispo planteó la necesidad de sostener canales de diálogo con el Gobierno nacional para reactivar las políticas. “Lo primero no es sacar un comunicado, sino buscar caminos de diálogo y persuadir. Los vecinos de esos barrios son tan seres humanos como cualquiera de nosotros, y cualquier chico necesita agua potable. Estamos hablando de cuestiones elementales”, concluyó.
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