En diálogo con Radio Universidad, Eduardo Sotelo analizó la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en el plazo establecido por la Justicia.
El profesor de Educación Física especializado en autismo y educación inclusiva, Eduardo Sotelo, advirtió sobre las consecuencias que tuvo la demora en la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el impacto directo en la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
“Costó bastante tiempo y, en ese tiempo, costó la reducción de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hubo instituciones que se siguieron desfinanciando y profesionales que dejaron de brindar atención, y eso repercute directamente en las personas con discapacidad y sus familias”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la norma fue impulsada por la sociedad civil y aprobada por amplia mayoría en el Congreso. “Lo que hizo el Congreso fue cumplir una ley aprobada por el propio Congreso. En ese aspecto, al menos se actuó dentro del marco del derecho”, afirmó.
Sotelo subrayó que el debate no gira en torno a privilegios, sino a derechos fundamentales. “Estamos hablando de los derechos de las personas con discapacidad, y no son privilegios. Para que haya derechos tiene que haber fondos y también una sociedad civil que los sostenga. Eso es lo que se le dijo al Gobierno”, expresó.
Además, destacó el consenso dentro del colectivo de discapacidad. “Tenemos distintas identificaciones partidarias e ideas, pero coincidimos en algo central: no se pueden pisotear los derechos de las personas con discapacidad, porque es el sector más vulnerable de la sociedad. Hay una disputa por el sentido común de la propia Argentina”, advirtió.
El especialista también alertó sobre el cierre de centros de atención en distintos puntos del país, una situación que se agrava en el interior. “En este tiempo cerraron muchos centros y es aún más grave en pueblos donde tal vez existe un solo espacio especializado. Por eso hablamos de emergencia. Pedimos lo mínimo e indispensable para que no se siga degradando el sistema y los derechos”, explicó.
No obstante, aclaró que el reclamo histórico va más allá de la coyuntura actual. “Esto no es por lo que luchamos hace años. Luchamos por políticas progresivas y no regresivas como las que estamos viviendo”, remarcó.
Por último, se refirió a la caída de pensiones y cuestionó los mecanismos de control implementados. “Las auditorías no fueron tales. No las realizaban expertos ni profesionales, no eran accesibles y realmente fueron una vergüenza. Estas denuncias están firmadas por una amplia mayoría”, sostuvo.
En ese marco, explicó que la ley reglamentada incorpora modificaciones sobre este punto. “Se establece que las auditorías deben ser periódicas, accesibles y que el Estado tiene que dar respuesta. Todos queremos auditorías y que los recursos se usen correctamente, pero para eso hay que ser responsables y tener pericia sobre lo que se está evaluando”, afirmó.
Finalmente, Sotelo cuestionó el enfoque predominante sobre la discapacidad: “Todavía hay una mirada que la piensa como una cuestión médica y no como un problema social”.
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